El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) reanude el proceso de selección de aspirantes judiciales que contenderán el próximo 1 de junio. 

“En sesión privada, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rechazó revocar el acuerdo del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, que mantiene suspendidas sus actividades”, compartió en su cuenta de X la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel Mossa. 

La noche del 7 de enero un juez con sede en Michoacán pidió a los tres Poderes de la Unión suspender el proceso de selección de los Comités de Evaluación respectivos, pero solo el del Poder Judicial acató la norma.

El Juez, Sergio Santamaría, consideró que no había las condiciones suficientes para realizar la elección judicial por lo que pidió a los comités evaluadores correspondientes, suspender los procesos de selección y abstenerse de seguir adelante con las actividades electorales judiciales. 

Sobre esto, la ministra de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) Lenia Batres, dijo que iba a solicitar la destitución de los integrantes del Comité Evaluador del Poder Judicial de la Federación (PJF) por haber suspendido el proceso de elección. 

“El pasado martes 7 de enero se excedieron en sus facultades al suspender el proceso de selección de candidatos para la próxima elección judicial. Esta decisión fue tomada de manera unilateral por los integrantes de dicho Comité, sin informar previamente a los ministros”, subrayó la ministra Batres. 

Este 13 de enero y en sesión privada, los ministros analizaron las peticiones de Esquivel, Batres y Loretta Ortiz quienes sostuvieron que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación no tiene facultades para tomar una decisión como la de suspender el proceso de selección de candidatos, sin antes consultarle a la Corte si podía hacerlo.

Sin embargo, el resto de los integrantes del Pleno del Máximo Tribunal las rechazaron en acato a una suspensión judicial, en medio de las decenas de amparos y suspensiones que han sido emitidas con el fin de frenar la constitucional reforma judicial que propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Del 1 de diciembre de 2024 al 7 de enero de 2025 los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad pública, tanto estatales como federales, contra presuntos grupos del crímen organizado dejaron un saldo de 33 presuntos criminales muertos y nueve policías estatales asesinados en México.

En una revisión que hizo, desde el 1 de diciembre pasado fueron al menos nueve enfrentamientos en seis entidades diferentes, según datos de las fiscalías locales y de las Secretarías de Seguridad estatales.

Para David Saucedo, especialista en temas de seguridad, el incremento en las bajas de grupos criminales corresponde a un cambio en la estrategia de “abrazos y no balazos” con la que el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay un incremento de las bajas, porque hay un viraje por parte del gobierno federal. Durante el sexenio anterior sí estaba vigente en muchas regiones del país la estrategia conocida popularmente como abrazos y no balazos, que consistía en términos simples y llanos, en que el Gobierno Federal replegaba a sus fuerzas de seguridad, el Ejército, Marina y Guardia Nacional, para no entrar en combate en varias regiones del país”, dijo en entrevista con este diario.

“Pero esto no se generalizó. Había algunas zonas en donde sí había una confrontación directa entre las fuerzas de seguridad y los cárteles de la droga, pero a raíz de la entrada del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum con Omar García Harfuch como secretario de Seguridad, ya las Fuerzas Federales tienen instrucciones de avanzar líneas y entrar al combate con distintos grupos de crimen organizado”, añadió.

En Guanajuato es donde más presuntos criminales fueron abatidos en enfrentamientos el último mes. El más reciente caso ocurrió el pasado  6 de enero en la comunidad Buenavista, en el municipio de Yuriria, según lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

La primera información de la Secretaría señaló que fueron ocho presuntos agresores abatidos durante el enfrentamiento, pero en un segundo comunicado la dependencia agregó que la cifra de muertos subió a 10.

“Como resultado del operativo, tres policías estatales resultaron con lesiones que no ponen en riesgo su vida. En tanto, ocho presuntos agresores perdieron la vida tras un uso legítimo y proporcional de la fuerza, en estricto apego a los protocolos establecidos y con respeto a los derechos humanos”, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato en un comunicado.

La primera información de la Secretaría señaló que fueron ocho presuntos agresores abatidos durante el enfrentamiento, pero en un segundo comunicado la dependencia agregó que la cifra de muertos subió a 10

Las entidades donde hubo enfrentamientos fueron Guanajuato (con dos), Colima, Michoacán, Sonora y Sinaloa.

Del lado de los policías, el enfrentamiento más letal ocurrió el 16 de diciembre, cuando en el municipio de Uriangato, Guanajuato, cerca del límite con Michoacán, cuatro elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado fueron asesinados y otros dos resultaron heridos luego de una emboscada. Ahí no se reportaron civiles muertos ni heridos.

“Pareciera que el gobierno federal está tomando determinaciones poco a poco, identificando cuáles son los estados del país en donde va a incrementar este nivel de letalidad con el objeto de erosionar la capacidad de fuego de los cárteles de la droga. Entonces, hasta el momento tampoco el gobierno federal ha sido transparente para informar en qué regiones se está aplicando esta estrategia y en qué regiones tiene todavía una actitud pasiva”.

“En primer término, hay algunas regiones del país que tienen ya un descenso en los niveles de aprobación de Morena, algunos gobernadores que tienen una situación ya en encuestas que se les complica. Ya el gobierno federal está tomando cartas en el asunto, es decir, ser pasivos frente a la inseguridad, ya le está cobrando factura a Morena y por eso ya empiezan a combatir a los grupos de narcotráfico generadores de violencia. (…) Pero también se debe a las presiones de Washington, ya con Donald Trump en la Casa Blanca seguramente va a lanzar directrices para tratar de disminuir los envíos de drogas hacia los Estados Unidos”. 

Sheinbaum destacó que la denominación de América Mexicana tiene raíces profundas en la historia, mucho antes de la colonización anglosajona.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, respondió este miércoles a las declaraciones de Donald Trump, próximo presidente de Estados Unidos, quien anunció su intención de renombrar el Golfo de México como el “Golfo de América”. 

Durante una conferencia, Sheinbaum subrayó: “El Golfo de México es un nombre reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. Pero, ¿por qué no le llamamos América Mexicana a toda Norteamérica y a los Estados Unidos? Es una idea interesante, considerando que la América Mexicana existe mucho antes de que llegaran los primeros peregrinos a Virginia en 1607”.

La declaración de Sheinbaum vino acompañada de un recordatorio histórico aportado por José Alfonso Suárez del Real, asesor político en Comunicación Social de la Presidencia, quien destacó que la denominación de América Mexicana tiene raíces profundas en la historia, mucho antes de la colonización anglosajona.

La mandataria también aprovechó para señalar que Trump podría estar mal informado respecto a la actualidad mexicana:

El martes 7 de enero, Trump declaró ante medios de comunicación: “Vamos a cambiar el nombre a Golfo de América, que tiene un hermoso sonido y abarca mucho territorio. El Golfo de América, qué nombre tan hermoso. Y es apropiado. Es apropiado”.

Estas declaraciones han generado diversas reacciones en ambos países, reavivando el debate sobre las implicaciones históricas y simbólicas de los nombres en el contexto geopolítico.