El Colegio Potosino de Médicos Veterinarios Clínicos en Pequeñas Especies (CPVET) y el Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de San Luis Potosí, han convocado a una marcha en apoyo a su colega Héctor Hernández Cañas, quien fuera asesinado hace algunos días, a manos de dueños de animalitos y en protesta por los continuos ataques y amenazas que enfrentan los médicos veterinarios en su ejercicio profesional, decidieron manifestarse y realizar paro de labores.

La marcha se llevará a cabo este martes 18 de febrero a las 10:30 de la mañana, con un punto de reunión en la Plaza de Fundadores. Todos los médicos veterinarios, estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia, trabajadores de clínicas de pequeñas especies, familiares y el público en general están convocados para protestar por el fallecimiento del veterinario de la ciudad de México, que fue atacado presuntamente por los dueños de una perrita Yorkshire llamada Mía, que falleció debido a complicaciones postoperatorias tras una cirugía para extraer un objeto que obstruía su esófago. Antes de su muerte, el veterinario había denunciado amenazas y difamaciones por parte de los propietarios de la mascota, quienes lo acusaban de negligencia.

La marcha comenzará en la Plaza de Fundadores y recorrerá importantes calles del centro de la ciudad, pasando por Carranza, Independencia, Plaza de Aranzazú, Pedro Vallejo, Jardín Colón, Zaragoza, Vicente Guerrero, Plaza del Carmen y Plaza de Armas, para finalizar nuevamente en la Plaza de Fundadores.

Sofía Elizabeth Rangel Ponce, integrante del Colegio Potosino de Médicos Veterinarios Clínicos en Pequeñas Especies, expresó que este caso es solo un ejemplo de la violencia y amenazas que enfrentan a diario los profesionales de la salud animal.

“Este caso es el más drástico, pero la realidad es que constantemente recibimos amenazas de todo tipo, tanto en nuestros negocios como a nivel personal. Nos insultan, nos vejan, y generalmente esto sucede con aquellas personas que solicitan nuestros servicios de manera gratuita, sin entender que vivimos de ello, como cualquier otra profesión”.

Aunque la marcha será el evento central, se espera que varias clínicas de la capital potosina, cierren temporalmente en apoyo a la protesta. “Algunas clínicas, cerrarán sus puertas y participarán en la marcha. Otros lugares solo cerrarán a mediodía o de forma parcial, dependiendo de la disponibilidad y las citas ya programadas”.

Se estima que en San Luis Potosí existen alrededor de 200 a 300 clínicas veterinarias bien registradas y en funcionamiento, lo que resalta la importancia de esta manifestación y el impacto que tendrá en el gremio.

El objetivo principal de la marcha es visibilizar la violencia que sufren los médicos veterinarios y exigir justicia por el caso de Héctor Hernández Cañas. A través de esta movilización, el gremio veterinario de San Luis Potosí busca fortalecer la unión y solidaridad entre los profesionales de la salud animal y llamar la atención de las autoridades sobre la necesidad de crear condiciones más seguras y respetuosas para el ejercicio de su labor.

“Lo que estamos buscando es que se nos respete como profesionales. Queremos que se entienda que somos una parte esencial en el cuidado de los animales y que nuestro trabajo tiene un valor”.

Todavía en noviembre, mes en que se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación, se abrió una carpeta de investigación por la comisión de ese delito.

En San Luis Potosí se abrieron 12 carpetas de investigación por el delito de aborto durante 2024, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en su reporte de incidencia delictiva del fuero común correspondiente a ese año.

Según los datos abiertos de incidencia delictiva, mismos en los que se puede consultar la cifra de víctimas de cada delito, el año pasado se registraron 12 víctimas por el delito de aborto, por lo que se abrió una carpeta de investigación por cada víctima, de las cuales no se estableció el sexo.

Mientras tanto, en 2023 también se aperturaron 12 carpetas de investigación por el delito de aborto en San Luis Potosí y se registraron 12 víctimas por el delito de aborto, por lo que se registró la misma tendencia que en 2024.

La despenalización del aborto en San Luis Potosí

Fue el mes de septiembre cuando se sentó un precedente para la despenalización del aborto en la entidad, luego de que la Colectiva ILE anunciara que el día 23 de dicho mes, el Juzgado Tercero de Distrito del Noveno Circuito emitió una resolución que abrió paso a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en San Luis Potosí dentro de las primeras 12 semanas de gestación.

La resolución emitida por el Juez Tercero de Distrito declaró como inconstitucionales los artículos 148, 149, y 150 del Código Penal, así como el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

Dos meses después, en noviembre, el Pleno del Congreso del Estado, con el impulso de diversas colectivas feministas, aprobó cambios en dichos artículos del Código Penal, tras lo cual se señala que comete el delito de aborto:

• Quien interrumpa el embarazo de una mujer o persona gestante sin su consentimiento, conducta que será sancionada con una pena de 3 a 8 años de cárcel y multa de 300 a 800 del valor de la unidad de medida y actualización y;
• La mujer o persona gestante que voluntariamente interrumpa su embarazo o consienta que otra persona lo haga, después de las doce semanas de embarazo, conducta que será sancionada de 100 a 300 días de trabajo en favor de la comunidad

En diciembre pasado, el Congreso del Estado también aprobó reformas a la Ley de Salud del Estado, de manera que el Sistema Público de Salud proporcione los servicios necesarios para la interrupción de abortos,en forma gratuita y en condiciones de calidad.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), a través de agentes de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión contra una persona señalada por el delito de contra la salud.

La institución procuradora de justicia informó que el detenido será presentado ante el juez, derivado de una investigación llevada a cabo a su persona.

Un Agente del Ministerio Público que trabajó la carpeta de investigación, la llevó a su judicialización y realizó las acciones legales respectivas para obtener el ordenamiento judicial correspondiente.

De esta manera, la PDI se dirigió al centro penitenciario estatal ubicado en la Delegación La Pila, donde el sujeto se encuentra recluido, para notificarle del nuevo proceso en su contra.