Una mujer de la tercera edad es asaltada con violencia en calles de la capital potosina. Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, han desatado un llamado generalizado para identificar y castigar al agresor.

El incidente

El hecho ocurrió a plena luz del día, cuando dos mujeres mayores caminaban por una calle aparentemente tranquila. Una de ellas llevaba consigo un carrito de compras, donde guardaba sus pertenencias y dinero. Sin previo aviso, un hombre, descrito como de unos 30 años, se acercó por la acera y, al cruzarse con ellas, arrancó el carrito de manera violenta.

El video de 16 segundos muestra cómo la víctima intentó resistirse, aferrándose al carrito, pero fue derribada por la fuerza del agresor. Al final, el ladrón logró huir con las pertenencias, dejando a la mujer tirada en el suelo.

😡🐭 ‼️P!NCH€ RATA OGT QUE LE ROBA A UNA ABUELITA‼️👵🏻

Cámara de seguridad registró el momento justo en que este #HDSPM le roba a una mujer de la tercera edad y hasta la empuja para quitarle todo.
La abuelita quedó lastimada tras el atraco, y ya buscan a este gañán, en… pic.twitter.com/9VZ5vcHltd

— Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) December 13, 2024

Reacciones en redes sociales

Las imágenes han provocado una ola de comentarios en plataformas como Facebook y Twitter. Muchos usuarios critican la inseguridad en el país y la falta de valores que, según ellos, permite que ocurran este tipo de crímenes.

Entre las reacciones destacan mensajes como:

• “Sin palabras, no hemos quedado sin valores.”
• “Ojalá lo encuentren y se haga justicia.”
• “Es necesario más seguridad en las calles.”

Otros usuarios cuestionaron la falta de ayuda hacia las víctimas:

¿Por qué nadie intervino? Ni siquiera había una patrulla cerca”

¿Qué dice la ley?

En México, el robo, aunque sea sin uso de armas o violencia física extrema, es un delito penado. Dependiendo de las circunstancias, las sanciones pueden incluir:

• Multas económicas.
• Penas de prisión que van desde algunos meses hasta varios años.

En San Luis Potosí, como en otros estados, el castigo depende del valor de lo robado y si hubo factores agravantes, como el uso de violencia o si la víctima pertenece a un grupo vulnerable, como adultos mayores.

Inseguridad en San Luis Potosí

Este caso no es aislado. Según cifras oficiales, los robos en San Luis Potosí han registrado un aumento en los últimos meses, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos.

¿Qué sigue?

El video, ahora en manos de las autoridades, podría ser importante para identificar al agresor. Mientras tanto, se hace un llamado a la población para brindar información que ayude a localizar al responsable. La sociedad también exige mayor presencia policial en las calles y estrategias que garanticen la seguridad de todos, especialmente de los sectores más vulnerables.

Al estilo de Marilyn Cote, se ha viralizado el caso de Enrique Pascual Beltrán Alanis, presuntamente, un falso doctor de San Luis Potosí que opera como dermatólogo y médico estilista en la capital potosina. Entre los hechos que más destacan está que comenzó “su preparación como experto en salud a los 15 años”.

En días recientes, se hizo famoso el caso de Marilyn Cote, una abogada poblana que se hacía pasar por psiquiatra sin contar con las credenciales necesarias. Tras las denuncias públicas en redes sociales y la intervención de las autoridades, Cote fue desmentida, pero su caso no es el único de fraude médico. Ahora, diversos usuarios han empezado a señalar a más expertos de la salud que no cuentan con los permisos necesarios, tal es el caso de Enrique Pascual Beltrán Alanis, un supuesto dermatólogo de San Luis Potosí.

De acuerdo con los usuarios, mediante redes sociales, Enrique Pascual se presenta como médico con especialidad en dermatología y medicina estética. Según su perfil, que ya se encuentra desactivado, desde los 15 años empezó a prepararse como médico en la Universidad del Valle de México y en Estados Unidos.

Sin embargo, los internautas han demostrado que carece de los estudios y credenciales oficiales para ejercer. El joven de 27 años que opera en la “Clínica Koslov Derma”, en el municipio de Rioverde, donde promueve su falso perfil profesional, había sido reconocido en dicho municipio por ser “uno de los mejores dermatólogos de la zona”; no obstante, recientemente se descubrió que falsificó su cédula profesional.

En las recetas médicas que expide, el individuo presenta tres números de cédula. Al consultar estos números en la plataforma del Registro Nacional de Profesiones, el resultado es alarmante. El primero, con número 170003716, no corresponde a ninguna cédula registrada; el segundo, 2314904, corresponde a un licenciado en Contaduría Pública y fue emitido en 1996. El tercero, con número incompleto (030836), tampoco aparece en el sistema. Al buscar el nombre completo de Pascual, la plataforma indica que no se encuentra ninguna información registrada bajo ese nombre.

No sólo como médico, Enrique Pascual pretendía incursionar en la política de San Luis Potosí

En un giro más sorprendente, Enrique Pascual Beltrán Alanis también intentó incursionar en la política. En 2021, se registró ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana como candidato a diputado local por el Partido Encuentro Solidario en el Décimo Distrito Electoral de San Luis Potosí. Sin embargo, no logró obtener los votos necesarios para ocupar el cargo. Este intento de participación política agrega una capa más de controversia a su perfil, que ya está marcado por los engaños relacionados con su supuesta carrera médica.

La denuncia sobre Enrique Pascual Beltrán Alanis sigue circulando en las redes sociales y está siendo respaldada por la misma cuenta que previamente expuso el fraude de Marilyn Cote, quien se hacía pasar como psiquiatra en Puebla. Aunque las autoridades aún no se han pronunciado públicamente, este caso sigue tomando relevancia en la lucha contra los fraudes médicos en México.

Carla Rees García, representante del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria (FNCVV), expresó su preocupación por la falta de legislación específica en San Luis Potosí para combatir este tipo de violencia. A pesar de que el Congreso estatal avanzó en una iniciativa, ésta quedó estancada.

«El Congreso ya tenía lista una iniciativa sobre violencia vicaria, y se quedó en la congeladora», afirmó Rees García. Según explicó, uno de los motivos del retraso fue la propuesta de incluir a hombres como posibles víctimas, algo que considera erróneo, ya que este fenómeno afecta mayormente a mujeres, como lo han señalado ministros como Arturo Zaldívar y Norma Piña.

La representante destacó que el FNCVV valora la acción de inconstitucionalidad presentada a nivel federal, pues ha ayudado a visibilizar que la violencia vicaria es una problemática real y grave. «Hoy por hoy, la violencia vicaria es una realidad, no solo en San Luis Potosí», enfatizó.

El Congreso estatal ya reconoce este tipo de violencia bajo el término «violencia por interpósita persona», incluida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, sigue pendiente su tipificación en el Código Penal del Estado, lo que, según Rees García, deja a las mujeres sin el respaldo legal necesario.

«Lo que no se nombra no existe, y eso ocurre con muchas mujeres en San Luis Potosí», señaló, refiriéndose a la falta de conocimiento sobre este tipo de agresión. La violencia vicaria se caracteriza por el uso de los hijos como herramienta de control y daño emocional hacia las mujeres que deciden romper con ciclos de abuso.

Rees García subrayó que esta forma de violencia es la culminación de una serie de agresiones previas, como violencia física, verbal, emocional y psicológica. «Cuando una mujer decide poner un alto, el agresor usa a los hijos para continuar el daño», explicó, desmintiendo que esta conducta sea una práctica sistemática de las mujeres contra los hombres.

Finalmente, hizo un llamado a trabajar de la mano con los legisladores para avanzar en el reconocimiento y la sanción de esta problemática. «Es fundamental seguir impulsando estas reformas para que las mujeres sepan que tienen un nombre y un respaldo legal para lo que están viviendo», concluyó.