El Colegio Potosino de Médicos Veterinarios Clínicos en Pequeñas Especies (CPVET) y el Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de San Luis Potosí, han convocado a una marcha en apoyo a su colega Héctor Hernández Cañas, quien fuera asesinado hace algunos días, a manos de dueños de animalitos y en protesta por los continuos ataques y amenazas que enfrentan los médicos veterinarios en su ejercicio profesional, decidieron manifestarse y realizar paro de labores.

La marcha se llevará a cabo este martes 18 de febrero a las 10:30 de la mañana, con un punto de reunión en la Plaza de Fundadores. Todos los médicos veterinarios, estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia, trabajadores de clínicas de pequeñas especies, familiares y el público en general están convocados para protestar por el fallecimiento del veterinario de la ciudad de México, que fue atacado presuntamente por los dueños de una perrita Yorkshire llamada Mía, que falleció debido a complicaciones postoperatorias tras una cirugía para extraer un objeto que obstruía su esófago. Antes de su muerte, el veterinario había denunciado amenazas y difamaciones por parte de los propietarios de la mascota, quienes lo acusaban de negligencia.

La marcha comenzará en la Plaza de Fundadores y recorrerá importantes calles del centro de la ciudad, pasando por Carranza, Independencia, Plaza de Aranzazú, Pedro Vallejo, Jardín Colón, Zaragoza, Vicente Guerrero, Plaza del Carmen y Plaza de Armas, para finalizar nuevamente en la Plaza de Fundadores.

Sofía Elizabeth Rangel Ponce, integrante del Colegio Potosino de Médicos Veterinarios Clínicos en Pequeñas Especies, expresó que este caso es solo un ejemplo de la violencia y amenazas que enfrentan a diario los profesionales de la salud animal.

“Este caso es el más drástico, pero la realidad es que constantemente recibimos amenazas de todo tipo, tanto en nuestros negocios como a nivel personal. Nos insultan, nos vejan, y generalmente esto sucede con aquellas personas que solicitan nuestros servicios de manera gratuita, sin entender que vivimos de ello, como cualquier otra profesión”.

Aunque la marcha será el evento central, se espera que varias clínicas de la capital potosina, cierren temporalmente en apoyo a la protesta. “Algunas clínicas, cerrarán sus puertas y participarán en la marcha. Otros lugares solo cerrarán a mediodía o de forma parcial, dependiendo de la disponibilidad y las citas ya programadas”.

Se estima que en San Luis Potosí existen alrededor de 200 a 300 clínicas veterinarias bien registradas y en funcionamiento, lo que resalta la importancia de esta manifestación y el impacto que tendrá en el gremio.

El objetivo principal de la marcha es visibilizar la violencia que sufren los médicos veterinarios y exigir justicia por el caso de Héctor Hernández Cañas. A través de esta movilización, el gremio veterinario de San Luis Potosí busca fortalecer la unión y solidaridad entre los profesionales de la salud animal y llamar la atención de las autoridades sobre la necesidad de crear condiciones más seguras y respetuosas para el ejercicio de su labor.

“Lo que estamos buscando es que se nos respete como profesionales. Queremos que se entienda que somos una parte esencial en el cuidado de los animales y que nuestro trabajo tiene un valor”.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), a través de agentes de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión contra una persona señalada por el delito de contra la salud.

La institución procuradora de justicia informó que el detenido será presentado ante el juez, derivado de una investigación llevada a cabo a su persona.

Un Agente del Ministerio Público que trabajó la carpeta de investigación, la llevó a su judicialización y realizó las acciones legales respectivas para obtener el ordenamiento judicial correspondiente.

De esta manera, la PDI se dirigió al centro penitenciario estatal ubicado en la Delegación La Pila, donde el sujeto se encuentra recluido, para notificarle del nuevo proceso en su contra.

En dos o tres semanas el Congreso del Estado reformará la Ley de Salud para que las personas que decidan interrumpir el embarazo, reciban atención médica integral dando cumplimiento a la resolución de un juez en el plazo establecido.

La presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado diputada Frinné Azuara Yarzábal dijo ya se están llevando a cabo reuniones para tratar estos temas, sobre la reforma al artículo 16 de la Constitución local, luego de la aprobación de la reforma al Código Penal para despenalizar el aborto.

“Ya nos reunimos algunos diputados para dar el paso siguiente que es derogar este artículo de la Constitución correspondiente y presentarlo ya a las instituciones de salud para que empiece la operatividad de la atención médica segura, la práctica de un aborto seguro, con todas las de la ley”.

Sin embargo, destacó que “la atención a la salud se está dando, esa no se puede limitar, es la vida. Si tienes la vida de los pacientes que estén en riesgo, ningún hospital, ningún centro de salud puede negar la atención médica. Es un derecho”.

La legisladora del PRI que votó a favor de la despenalización del aborto, señaló que “la atención médica de emergencia, la atención a la salud de todas las mujeres que estén con riesgo su vida, tienen el servicio de salud abierto en todos los hospitales y en todos los centros de salud. Nadie se los puede negar”.

“Vamos a ver si en unas dos o tres semanas ya lo podemos sacar adelante, porque esto ya viene en cadena, ya nadie lo para. Con el juzgado tercero de distrito ya cumplimos, no somos omisos, pero nosotros, independientemente de que la Legislatura ya cumplió, vamos a seguir adelante hasta que esto sea una realidad en el Estado de San Luis Potosí”.

Insistió en que en estos momentos la atención médica ya existe, “están los insumos, está el presupuesto, están los medicamentos, ya está el personal para atenderles”.

¿Qué proponen?

Las colectivas que presentaron la iniciativa, proponen estas reformas a la Ley de Salud del Estado:

• ARTÍCULO 58 BIS. La Secretaría de Salud del Estado proporcionará los servicios necesarios para la interrupción del embarazo en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos previstos en el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con apego a la NOM-046-SSA2-2005, cuando la mujer interesada así lo solicite.

Para ello, las instituciones de salud pondrán a disposición de las mujeres servicios de consejería médica, psicológica y social con información objetiva, veraz, suficiente y oportuna de las opciones, alternativas y apoyos con que cuentan las mujeres; así como de los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos de la interrupción del embarazo; todo con la finalidad de que la mujer interesada puede ejercer su derecho a decidir de manera libre, informada y responsable.

Cuando la mujer decida practicarse la interrupción del embarazo, la institución habrá de efectuarla en un término no mayor a cinco días, contados a partir de que sea presentada la solicitud, teniendo satisfechos los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables y siempre y cuando no se contravenga lo establecido en el Código Penal del Estado de San Luis Potosí.

Las instituciones de salud del Gobierno del Estado atenderán las solicitudes de interrupción del embarazo a todas las mujeres solicitantes aun cuando cuenten con algún otro servicio de salud público o privado. El servicio tendrá carácter universal, gratuito y sin condicionamiento alguno.

La interrupción del embarazo se llevará a cabo con base en lo dispuesto por la Organización Mundial de la Salud en relación de la práctica clínica para un aborto seguro.

La práctica clínica para la interrupción del embarazo deberá promover y proteger la salud de las mujeres y las adolescentes y sus derechos humanos; la toma de decisiones informada y voluntaria; la autonomía en la toma de decisiones; La no discriminación y la confidencialidad y privacidad de las mismas.

También ofrecerán servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar a la mujer que haya practicado la interrupción de su embarazo, en los términos de esta Ley y de las disposiciones legales aplicables.

• ARTÍCULO 58 TER. La o el médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del embarazo y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal procedimiento, podrá ser objetor de conciencia y, por tal razón, excusarse de realizarla, teniendo la obligación de referir de inmediato y por escrito a la mujer con un médico no objetor.

Cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer no podrá invocarse la objeción de conciencia.

Es obligación de las instituciones públicas de salud de Gobierno del Estado garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia en la